El Tribunal Supremo establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de sus trabajadores.

El Pleno de la Sala IV ha establecido en una reciente sentencia (STS 246-2017, de 23 de marzo) que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un “sistema de registro” de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la empresa debía proceder a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo reitera su doctrina previa antes de que la misma fuese alterada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre del 2015, la cual asumía una tesis que era sostenida por la Inspección de Trabajo consistente en la obligación de todas las empresas de llevar un registro diario de la jornada de todos sus trabajadores.

A raíz de esa Sentencia de la Audiencia Nacional –que se interpretó como un refrendo a las tesis propias- la Dirección General de la Inspección de Trabajo dictó la Instrucción de 18 de marzo del 2016, en la que conminaba a todos los inspectores a actuar contra la falta de control horario y de jornada en las empresas.

Se inició así a mediados del 2016 una fiebre “horaria”, con el consiguiente pánico en las empresas que veían que la inspección les podía sancionar por no llevar un registro diario de jornada de todos sus trabajadores.

Pues bien, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23 de Marzo vuelve a poner las cosas en su sitio, cerrando un debate que fue artificial en su creación y que se agrandó como una bola de nieve. De forma resumida, para el Tribunal Supremo:

 

  • El artículo 35.5 del ET no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados. Argumenta que “la creación de este registro implicaría un aumento del control empresarial de la prestación de servicios y un tratamiento de los datos obtenidos, máximo en los supuestos de jornada flexible, de trabajo en la calle o en casa, que pueden suponer una injerencia indebida de la empresa en la intimidad y libertad del trabajador”

 

  • Sobre la sanción que se puede imponer a la empresa por la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro (de la jornada de todos los trabajadores, y no solo de las horas extras), no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7.5 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social [que tipifica como infracción grave la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores], norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del artículo 35.5 del ET.

 

  • Esta interpretación del artículo 35.5 del ET no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación.

 

  • Si no existe la comunicación mensual de la empresa al trabajador de las horas extras realizadas, persiste la doctrina tradicional del Tribunal Supremo de que las horas extras debe acreditar cada una de ellas el trabajador que reclama su importe. Si se realizan horas extras en la empresa de forma estructural o habitual, el trabajador deberá acreditar esa habitualidad en la realización (y no hora a hora), y el Tribunal tendrán por realizadas todas las reclamadas si la empresa no acredita que lleva el registro legalmente exigido sobre las horas extras.

 

Cabe destcar que el fallo de la Audiencia se fundamentaba en la siguiente interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores: la Sala de instancia considera que el registro de jornada diaria, con la entrega consiguiente de los resúmenes diarios de jornada a cada trabajador, es el presupuesto constitutivo para controlar los excesos de jornada, ya que dichos resúmenes no pueden contener las horas extraordinarias realizadas diariamente, que solo concurren cuando se supera la jornada ordinaria en cómputo anual, para lo cual el único medio de comprobación es precisamente el registro diario de jornada, siendo inadmisible negar el cumplimiento de dichas obligaciones, porque no se realizan horas extraordinarias puesto que, si se admitiera dicho criterio, la finalidad del art. 35.5 ET, que es asegurar prueba documental sobre las horas extraordinarias a los trabajadores, quedaría totalmente vacía de contenido.

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 35.5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (Sentencia 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Argumenta además el TS que no se deben olvidar las normas reguladoras de la protección de datos, de creación de archivos de datos, y del control de estos que deberán ser tratados con respeto de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de diciembre, y en el nuevo Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, norma que, aunque no será de aplicación hasta el 25 de mayo de 2018, deberá tenerse en cuenta para orientar la creación de registros de datos.

En definitiva es necesario que la norma legal o pactada establezca las “garantías adecuadas” para respetar los derechos e intereses de los trabajadores.

La creación de un registro horario implica, según la Sala, un aumento del control empresarial sobre los empleados y un tratamiento de los datos obtenidos. Podrían darse supuestos de injerencia indebida en la intimidad de los trabajadores, sobre todo en supuestos de jornada flexible, o teletrabajo.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217.6 de la LEC, sobre la carga de la prueba, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, firmados por 5 de los 13 magistrados que la suscriben, partidarias de desestimar el recurso de Bankia y de confirmar el fallo de la Audiencia Nacional.

El voto particular difiere del voto mayoritario en la interpretación que se hace del art. 35.5 del Estatuto de los trabajadores. Frente a la conclusión de que el citado artículo no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de la plantilla y que sólo obliga a efectuar el registro de las horas extraordinarias, este voto particular postula que a la luz del texto legal no cabe negar la obligación empresarial de llevar algún tipo de registro, “pues solo tras su llevanza, cabrá determinar si cada uno de los trabajadores en concreto ha superado o no la jornada ordinaria pactada”. El hecho de que la redacción del texto sea obsoleto “no permiten negar cual es el verdadero espíritu del legislador”: el establecer un control aun cuando no se establezca una fórmula que pudiera ser más adecuada para cada sector o actividad.

Además, opinan estos magistrados que esta cuestión va más allá, porque “incide en las obligaciones de cotización en materia de Seguridad Social, con el efecto negativo tanto para los derechos del trabajador como para las arcas del sistema”.

Si quieres acceder al contenido literal de la sentencia, pincha en el siguiente enlace: STS 246-2017, de 23 de marzo

 

 

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